El objetivo de este estudio es el de trazar un panorama general de la realidad vivida por estos niños en nuestra sociedad y hacer visibles los problemas a los que se enfrentan diariamente, sugiriendo, a su vez, algunas líneas de actuación orientadas a solventarlos.
A lo largo del Informe, los autores alertan de la importante carencia de estudios estadísticos en España relativos a la discapacidad en la infancia, por cuanto esto imposibilita el poder disponer de cifras exactas que permitan obtener un conocimiento preciso de cuál es la situación de los niños y niñas con discapacidad en nuestro país.
Sin embargo, a pesar de la escasez de datos estadísticos, el texto enumera algunos informes y estudios que dejan patente el tipo de problemas a los que se enfrenta diariamente este colectivo.
Tal es el caso del último informe estadístico de UNICEF “La infancia en España 2012-2013. El impacto de la crisis en los niños”, que muestra cómo la situación de crisis económica en la que se encuentra inmerso nuestro país desde hace algunos años y, concretamente, los recortes presupuestarios acaecidos en materia de sanidad, educación y dependencia, están perjudicando “claramente y de forma muy importante” los derechos de los niños y niñas con discapacidad.
De igual modo, el Informe del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre el maltrato infantil en la familia en España, elaborado en 2011 por el Centro Reina Sofía, alerta de la alta incidencia de maltrato en los niños con discapacidad en comparación con sus iguales sin discapacidad, especialmente en las niñas. A este respecto, UNICEF destaca la necesidad de realizar un estudio general y completo sobre maltrato a la infancia con discapacidad en España, en la misma línea que las directrices establecidas por el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por otro lado, tal y como señala UNICEF en su informe, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los niños y niñas con discapacidad es “la mala interpretación y práctica existente en España de lo que es una educación inclusiva de calidad”. Así, los autores rechazan la interpretación que se hace de este término en la Ley 2/2006, de la integración social de los Minusválidos, al encuadrar la regulación sobre el derecho a la educación de la infancia con discapacidad dentro de un modelo médico-rehabilitador, y aconsejan abordarla bajo el prisma de un modelo social y de los derechos humanos, tal y como se refleja en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este sentido, recomiendan que esta visión social de la discapacidad –que ya parece vislumbrarse en el nuevo Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad- se aplique también en la actual Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), con la finalidad de garantizar una educación de calidad en los centros ordinarios y en igualdad de condiciones que los demás niños y niñas.
De forma más específica, los autores resaltan la importancia del papel que juega la atención temprana, sugiriendo que se lleven a cabo las medidas necesarias a fin de articularla como un derecho universal y gratuito para todos los niños y niñas de 0 a 6 años –si bien comprenden las dificultades de materializar con éxito esta recomendación dada la situación económica actual en España-. De forma paralela, alertan de la falta de apoyos adecuados tanto para los niños y niñas con discapacidad como para sus familias. Como ejemplo, el texto menciona el proceso de institucionalización, resaltando la importancia de que la legislación española establezca las estructuras adecuadas para salvaguardar el interés de los niños y niñas con discapacidad en este tipo de decisiones. Para ello, considera esencial procurar que vivan en un ambiente familiar, impidiendo, en la medida de lo posible, su institucionalización ya que, “estos establecimientos no pueden sustituir la vida enriquecedora del hogar, ni siquiera cuando están bien dirigidos responden a las necesidades de los niños y son sometidos a inspecciones”. No obstante, en caso de que no quedase otra posibilidad, aconseja que la estancia dure el menor tiempo posible.
En cuanto a la formulación de políticas sociales, UNICEF considera fundamental que a la hora de establecer medidas, se tenga en cuenta la especial vulnerabilidad de este colectivo y recomienda encarecidamente que los niños y niñas con discapacidad contribuyan activamente en todos los procesos de toma de decisiones relacionados con temas que les afectan directamente, eliminando así las barreras que actualmente existen en la sociedad española y que les impiden participar en este tipo de procesos. Para ello, enumera una serie de medidas, tales como aumentar su participación en la sociedad a fin de hacerlos más visibles o fomentar que los medios de comunicación proyecten una adecuada imagen de la discapacidad, entre otras.
Para finalizar, los autores dejan patente la necesidad de revisar toda la Normativa española tanto para solucionar los graves problemas a los que se enfrentan estos niños y niñas en la sociedad, como para dar cumplimiento a la Convención de los derechos del niño y a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ratificadas por el Gobierno español en 1999 y 2008 respectivamente).
A este respecto, los autores confían en que la nueva Ley General de discapacidad se adapte a la realidad actual y pueda hacer frente a todas estas dificultades. Asimismo, esperan que el nuevo Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 (II PENIA) -aprobado el pasado mes de abril por Consejo de Ministros-, pueda dar solución a muchos de los problemas anteriormente planteados a través de los distintos objetivos marcados por el Ministerio de Sanidad.
Para ver el Informe completo, pincha el siguiente enlace: Informe discapacidad infantil: (http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/libro_02_web.pdf)
FUENTE: INFOCOP
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