María Pérez Solís es directora del Servicio de Orientación de la Universidad Complutense de Madrid y secretaria de CIPES (Comisión Interinstitucional de Psicólogos Educativos), -una comisión integrada por representantes de todos los ámbitos vinculados a la psicología de la educación, que lucha por alcanzar el reconocimiento de la figura del psicólogo educativo-.
El pasado mes de noviembre, los medios de comunicación dieron a conocer el caso de una alumna de Ciudad Real, de 16 años de edad, que se suicidó motivada por ser presuntamente víctima de acoso escolar, sacando a la luz, de nuevo, el problema del bullying en los centros escolares de nuestro país. ¿Qué opinión le merecen estos hechos?
Ante hechos tan profundamente dolorosos y lamentables como estos, siempre cabe que nos preguntemos “¿se pudo prevenir?”. Evidentemente, hay indicios que, cuando menos, generan controversia, como que la alumna bajara en su rendimiento académico, el absentismo, el aislamiento y las denuncias de acoso por parte de los padres y de algunas compañeras de la menor. Ante estos hechos, ¿qué actuaciones se llevaron a cabo en el centro? ¿Las entrevistas que se realizaron respecto a esta situación de bullying fueron suficientes para tomar la decisión de no atender la petición de los padres de cambio de centro? Este caso está en manos de la justicia y será ella la que determine, si las hubiere, las responsabilidades de unos y otros.
¿Qué lecciones debemos aprender de cara a prevenir casos como éste o similares?
Para prevenir la violencia escolar, en sus distintas manifestaciones, habría que empezar por no negarla, ni banalizarla, muy por el contrario, reconocerla e identificarla, determinar las causas y los factores de riesgo que favorecen su incremento y establecer las medidas adecuadas de intervención. Estamos ante uno los principales retos que tiene la escuela del siglo XXI, el hacer frente a la diversidad cultural y emocional del alumnado, especialmente en una de sus vertientes de mayor impacto social: la violencia en las aulas. Ante este reto, iniciativas como las puestas en marcha, el presente curso 2012-2013, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad y Política Social, a través del denominado III Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, cuando menos parecen insuficientes y excesivamente costosas, a no ser que se limiten a meras campañas de sensibilización. La asistencia técnica a los centros en la prevención de episodios graves que puedan amenazar la convivencia escolar, como el acoso, no creo que deba ser tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, si lo es, es que la educación ha fracasado.
Asimismo, considero que la comunidad educativa, y la sociedad en su conjunto, ante la violencia del menor contra sus iguales, sus padres, profesores e incluso, contra la propiedad, como son las conductas vandálicas, deben tener “tolerancia cero”. Con demasiada frecuencia relativizamos, minimizamos y consideramos como habituales conductas graves y con ello estamos favoreciendo la comprensión y justificación del agresor. En el caso de la alumna del IES Maestro Juan de Ávila, que presuntamente fue acosada, me cuesta entender respuestas como la atribuida por los medios de comunicación al orientador. Me refiero a que, según indican los medios, consideró que no se trataba de un caso de “reiterado acoso entre iguales”, y, por tanto, no vio necesario trasladar a la menor a otro centro. Cuando hablamos de acoso nos referimos a acciones violentas que, por supuesto, son reiteradas y continuadas, que se caracterizan además de por la estabilidad temporal, por la indefensión del acosado y la intencionalidad de las acciones del agresor o agresores. Por este motivo, es fundamental contar con una formación adecuada para poder evaluar e intervenir en estos casos.
Finalmente, hechos como los acaecidos en este centro de Ciudad Real, ponen de manifiesto los desajustes de un sistema educativo incapaz de dar respuestas ajustadas a los problemas de convivencia del alumnado y hacen que tome fuerza el acuerdo de formadores, profesionales, asociaciones de padres, directores de centros y profesores sobre la inserción del psicólogo educativo en el sistema educativo español no universitario.
La violencia escolar es sólo uno de los problemas patentes en los centros educativos, pero existen otros desafíos a los que la comunidad educativa no sabe cómo hacer frente, tal y como han puesto de manifiesto los directores de centros escolares o las asociaciones de padres y madres de alumnos. ¿Cuáles son los más mencionados? ¿Qué necesidades plantea la comunidad educativa actualmente?
Evidentemente, la escuela tiene otros problemas. Algunos los genera la propia administración educativa cuandodesautoriza al profesorado que cumple con su deber, al no aprobar a aquellos alumnos que no lo merecen. Recientemente, la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía aprobó a un alumno de 4º de la ESOcon cinco suspensos, permitiéndole así pasar a Bachillerato. Este alumno repetidor, había suspendido en Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Biología y Geología, Ciencias Sociales y en Física y Química y, según recogen los medios de comunicación,la Comisión Técnica de Reclamacionesde la Delegación Provincial (integrada por un inspector y por profesores ajenos al centro) en su resolución 170/2012, decidió aprobar a este alumno en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura e Inglés, alegando la “indefensión” del mismo por los criterios de evaluación. Como esto no bastaba para su promoción a Bachillerato, la Delegación de Educación dictó una resolución posterior (12 de febrero del 2013), por la que le aprueban el resto de las asignaturas mediante un procedimiento calificado de “extraordinario”, y en el que se indica que, estos suspensos, “no impiden la titulación ni menoscaban la formación académica y las competencias necesarias que permitirán al alumno reclamante afrontar una brillante carrera en cualquiera de los objetivos académicos o laborales que se proponga”. Esta decisión se califica por sí misma y entiendo que con ella al que más se perjudica es al propio alumno. Con actuaciones tan desafortunadas como esta, la desmotivación del profesorado está más que justificada y es un factor más que incide, junto al desinterés del alumnado, en otro de los graves problemas que tiene nuestra escuela y que el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) nos recuerda evaluación tras evaluación, me refiero alfracaso escolar. Artículo completo
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