Un sistema sanitario que deja fuera a los adolescentes con problemas de salud mental

Hace unas semanas elmundo.es publicó una noticia con el título “Más de 30.000 personas creen que se necesitan más recursos en salud mental para adolescentes”, en la que se denuncia la situación de abandono y desprotección de los adolescentes con trastorno mental en la Comunidad de Madrid, debido a la falta de recursos de atención especializados en salud mental para esta franja de la población, las elevadas listas de espera y la tendencia hacia la medicalización frente a la prestación de tratamientos psicológicos. La noticia se hacía eco de una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org, en la que una madre denunciaba que su hija de 17 años con trastorno límite de personalidad y un trastorno de la conducta alimentaria llevaba más de un año sin acceso a tratamiento psicológico (con el consiguiente agravamiento de su sintomatología) ante la falta de recursos y centros terapéuticos en la Comunidad de Madrid. En su petición la madre solicitaba que se garantizara la asistencia y un tratamiento de calidad para los adolescentes entre 17 y 18 años con enfermedad mental, contando en pocas semanas con el apoyo de más de 30.000 firmantes. Gracias a esta movilización popular, la madre ha conseguido que su hija vuelva a estar ingresada y con tratamiento psicológico, si bien según las declaraciones de la madre a elmundo.es, el problema no se ha solucionado, ya que “hay muchísimos más casos como ella”.
En efecto, la solicitud de esta madre y su alarma ante la falta de infraestructuras y personal de la Comunidad de Madrid refleja una realidad de prácticamente todo el territorio español, lo que pone en evidencia que la atención de la salud mental infanto-juvenil si bien está recogida como una línea prioritaria de actuación en la estrategia de Salud Mental, en la práctica se trata de pura demagogia, ya que no hay inversión en el establecimiento de medidas eficaces para responder a esta demanda de la población. Se trata de una cuestión de gravedad, ya que implica no sólo la negación del acceso a un tratamiento, que es un derecho fundamental, sino también la falta de tratamiento en un periodo del desarrollo determinante para la evolución y pronóstico del problema de salud mental que presenta el menor. La creación de más unidades clínicas de salud mental infanto-juvenil con psicólogos especializados, la integración de más psicólogos en el ámbito educativo que permitan detectar e intervenir precozmente en los problemas de salud mental o la creación de una especialidad de psicología clínica infanto-juvenil (tal y como se hizo hace unos años con Psiquiatría) son sólo algunas de las medidas necesarias en nuestro país para poder atajar eficazmente esta realidad. Otros países como Reino Unido están realizando importantes avances para mejorar la dotación de servicios y tratamientos en salud mental a los niños y adolescentes, conscientes del enorme impacto (a nivel personal, familiar, social y económico) que puede generar el fallo de dejar de lado este problema en las políticas de actuación sanitarias. Precisamente un grupo de trabajo de la London School of Economics ha elaborado para el gobierno de Reino Unido el primer estudio sobre el impacto económico de los problemas de salud mental de los jóvenes, realizando una revisión de la evidencia internacional al respecto. El informe, que se ha publicado hace tan sólo unas semanas, pone de manifiesto que la evaluación y la atención de la salud mental es una cuestión generalmente olvidada en el periodo infanto-juvenil, a pesar de que cerca de 1 de cada 10 menores presenta un problema de salud mental. El documento denuncia que los problemas de salud mental sin identificar y sin tratar en este periodo vital pueden tener “consecuencias devastadoras y costosas”, como por ejemplo, una peor salud física a corto y largo plazo, una disminución de los hábitos de conducta saludables (y en particular un aumento del consumo de alcohol, tabaco y abuso de sustancias) y un impacto negativo en el desarrollo social, en el rendimiento educativo y en la empleabilidad posterior (más información aquí).
Fuente: elmundo.es  / INFOCOP