El impacto de la experiencia migratoria en su salud mental se agrava en los casos de desplazamiento forzoso y la recuperación de traumas derivados de conflictos, persecución o shocks naturales extremos. Así lo afirman Save the Children y la Fundación por Causa en su informe “Crecer sin papeles en España”, un documento a través del cual ofrecen una radiografía actual de la realidad de la infancia migrante que vive en nuestro país en situación administrativa irregular, señalando las consecuencias de esta situación en el acceso a servicios y derechos esenciales como la educación, la salud o la protección frente a la violencia. Tal y como recoge el informe, ya en 2019, el número de migrantes en situación irregular y con menos de 19 años era en España de casi 147.000 personas, dividido casi a partes iguales entre niños y niñas. Esta cifra representa una de cada cinco personas de nacionalidad extracomunitaria registradas en el padrón municipal para ese tramo de edad. |
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La tasa de irregularidad de este grupo dobla prácticamente la tasa media para todas las edades, que está alrededor del 13%. Asimismo, cerca de la mitad de esta población tiene menos de 10 años y aproximadamente un 40% menos de 5 (unos 55.000). Casi un tercio tiene una edad superior a los 15 años, y está, por tanto, sujeta a consideraciones propias en materia de educación e inserción laboral. Los niños y niñas de 0 a 4 años suponen más del 25% de la población migrante total en esa franja de edad y muestran una tasa de irregularidad cercana al 30%. Estos datos podrían agravarse aún más como consecuencia de la crisis del coronavirus, la caída del empleo entre la población migrante y su impacto en los permisos de residencia. Las consecuencias de esta situación son “tangibles y, a menudo, trágicas y de largo alcance”. Los niveles de renta son más bajos en los hogares con personas de nacionalidad extracomunitaria y presentan un mayor riesgo de pobreza y exclusión que aquellos compuestos por nacionales. La situación se agrava con la llegada de los hijos e hijas: la probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar de características medias con menores a cargo y con nacionalidad española es del 14%; si este mismo hogar es extracomunitario, la probabilidad sube al 48%. De acuerdo con el informe, el impacto de la experiencia migratoria en la salud mental de estas personas es mucho peor en los casos de desplazamiento forzoso y la recuperación de traumas derivados de conflictos, persecución o shocks naturales extremos. Sin embargo, uno de los grupos más vulnerables es el de los niños/as no acompañados/as o separados/as de sus familias: la falta de alternativas seguras y legales hace que la ruta migratoria pueda ser especialmente traumática para los y las menores de edad. En línea con la OMS, señala que la resiliencia y capacidad resolutiva de los niños y las niñas solicitantes de asilo o protección que viajan solos viene a menudo acompañada de depresión y estrés postraumático. Según indica el documento, al ser un importante componente de la enfermedad mental y física durante la edad adulta, “el trauma infantil es un elemento importante de la salud pública”; no obstante, el impacto de la irregularidad en la salud mental es uno de los aspectos más difíciles de identificar por los sistemas sanitarios y de protección, a pesar de ser uno de los que dejarán una huella más profunda. El miedo, la ansiedad y el trauma que los niños y las niñas viven de manera directa y perciben en las personas adultas regirá sus oportunidades en la vida “de un modo que resulta difícil de comprender”. A su vez, estos problemas se reproducen en ámbitos como el del acceso efectivo a la protección y la justicia, así como a la vivienda digna y la educación. El miedo a la deportación, el desconocimiento del idioma y la ausencia de redes personales son factores que pueden obstruir la protección de la infancia en asuntos de extraordinaria relevancia: violencia doméstica, abusos físicos y mentales e incluso explotación y trata. En palabras de los autores del informe, el denominador común de todas estas personas es el miedo. El temor a represalias por parte de las autoridades o a la ejecución de expedientes de expulsión forma parte de la rutina de padres, madres, hijos e hijas, incluso en casos que obtuvieron permisos temporales de residencia. Este sentimiento influye de forma decisiva en la invisibilización de las voces de la infancia migrante en el debate público. De igual modo, el miedo a hablar condiciona también decisiones que van desde acudir a un centro sanitario hasta pedir ayuda por malos tratos. Por este motivo, uno de los objetivos de este documento es romper ese silencio. Se puede acceder directamente al informe a través del siguiente enlace: FUENTE: INFOCOP | ||||
