Las personas con discapacidad son diversas, por lo que también deberían serlo los esfuerzos de accesibilidad. Concretamente, las personas con discapacidad psicológica y social enfrentan barreras institucionales, ambientales y de actitud que interactúan y constituyen un conjunto distinto. Ellos son quienes pueden identificar mejor las barreras que impiden el acceso a los servicios en igualdad de condiciones con los demás. La Ley de Accesibilidad de la UE constituye un avance prometedor, pero no considera las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidades psicológicas y sociales, en particular a través de normativas de toma de decisiones sustitutivas.
Estas son algunas de las conclusiones clave de un documento de reflexión sobre la accesibilidad desde una perspectiva psicológica y social, elaborado por la organización europea Mental Health Europe (MHE), de cara a la segunda Estrategia de Discapacidad 2020-2030 desarrollada por la Comisión Europea.
Tal y como señala la organización, el texto puede ser utilizado por las partes interesadas, en particular, las instituciones de la UE y los Estados miembros, como documento de trabajo y referencia para los debates iniciales sobre la accesibilidad y las barreras que pueden encontrar las personas con discapacidad psicológica y social.
Como bien afirma MHE, la accesibilidad es uno de los principios generales y transversales de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN CRPD). Es una condición previa para que las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad psicológica y social, vivan de forma independiente y participen plena y equitativamente en la sociedad. Por tanto, la accesibilidad es clave para disfrutar de derechos fundamentales como el derecho al trabajo o el acceso a los servicios de salud.
No obstante, en el campo de la discapacidad, a menudo se observa una comprensión del término que examina principalmente las barreras que enfrentan las personas con discapacidades físicas o las llamadas “discapacidades visibles”. Los enfoques evolucionan en torno a las barreras físicas y la accesibilidad a la información o la comunicación, que no son necesariamente las más relevantes para las personas con discapacidad psicológica y social.
Reducir el alcance de la accesibilidad hacia determinados grupos de personas con discapacidad puede considerarse una barrera actitudinal en sí misma, al no tener en cuenta la diversidad de las personas y que, por lo tanto, los problemas de accesibilidad también son diversos. A modo de ejemplo, MHE señala que, en un evento público, podríamos imaginar que no se llamará a un asistente personal ni se le pedirá su identidad cuando acompañe a una persona con una discapacidad física; sin embargo, cuando la asistencia es a una persona con una discapacidad psicológica y social es probable que aumenten las preguntas.
A continuación, recogemos las cuestiones más importantes planteadas en el documento:
Barreras de actitud: el estigma y la discriminación siguen siendo fundamentales
El estigma general y los prejuicios en torno a las capacidades de las personas constituyen barreras en sí mismas. De acuerdo con algunos informes, muchas personas con discapacidades psicológicas y sociales se enfrentan a lagunas en el historial laboral, que a menudo llevan a los empleadores a realizar suposiciones que tienen efectos negativos sobre estas personas. Tales actitudes negativas significan, “que tenemos que mentir, en contra de nuestros valores morales, o renunciar al derecho a elegir cuándo, y con qué propósitos, revelar nuestras experiencias de discapacidad”. Por lo tanto, tener un empleador que se compromete con los estándares de accesibilidad no significa necesariamente que las personas con discapacidad psicológica y social puedan acceder al empleo de manera equitativa con los demás. El texto también muestra que los ajustes razonables, es decir, las medidas que debe tomar el empleador para adaptar el lugar de trabajo a un empleado con discapacidad van más allá de la dimensión de las barreras físicas y también deben tener en cuenta las necesidades y deseos individuales de la persona. Por ejemplo, las capacitaciones sobre diversidad tomarían en cuenta la situación y los deseos de los compañeros con discapacidades psicológicas y sociales, trabajando para una mejor comprensión mutua en el equipo.
Más allá del ámbito laboral, el estigma, los prejuicios y la discriminación constituyen barreras fundamentales para las personas con discapacidades psicosociales en todos los aspectos de la vida. Las percepciones erróneas sobre las personas con discapacidades psicosociales y la “no visibilidad” a menudo dan la impresión de que las propias experiencias de las personas carecen de legitimidad. Como resultado, las personas con discapacidades no visibles se ven obligadas a “autodefenderse” y educar a quienes las rodean sobre sus discapacidades si quieren evitar el estigma y desean ser tratadas con el mismo respeto que sus iguales sin discapacidades.
Otra preocupación expresada por las personas con discapacidad psicológica y social es la atención desproporcionada que se presta al diagnóstico y a los síntomas que generalmente se cree que están asociados con él. Esta atención, debería centrarse en la eliminación de las barreras para permitir el acceso al apoyo adecuado. Los medios de comunicación y la cultura popular generalmente juegan un papel crucial en la determinación de la percepción de la salud mental.
Una forma de abordar este enfoque equivocado en el diagnóstico es invertir en la alfabetización en salud mental y abordar la forma en que las personas con discapacidades psicológicas y sociales son retratadas en los medios de comunicación y la cultura popular. A modo de ejemplo, el documento propone iniciativas para tal cobertura mediática, como la aparición de celebridades y figuras de la cultura popular, que pueden desempeñar un papel crucial al hablar sobre problemas de salud mental, demostrando que la mala salud mental puede afectar a todos.
Barreras legales: la toma de decisiones sustituida y las prácticas coercitivas subyacen a los desafíos de accesibilidad
La CDPD de las Naciones Unidas hace referencia también a las barreras que se pueden encontrar en los marcos legales y políticos, como las leyes o políticas que discriminan explícitamente por motivos de discapacidad. Estas barreras legales plantean desafíos particulares a las personas con discapacidades psicológicas y sociales. Los sistemas de toma de decisiones sustitutivas, en los que la capacidad jurídica de una persona está parcial o totalmente restringida y la persona queda bajo tutela total o parcial, son un ejemplo de barreras legales para que las personas con discapacidad psicológica y social accedan a sus derechos.
Que se le niegue la capacidad jurídica puede significar que no se le permita el derecho a tomar decisiones en muchos aspectos de la vida, como el derecho a casarse, asistir a la educación general, participar políticamente votando o manifestando, o trabajar. Desafortunadamente, todos los países de Europa aún mantienen algún tipo de esquemas sustitutivos de toma de decisiones como último recurso, aunque hay avances prometedores en algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE). Asimismo, muchas personas con discapacidades psicológicas y sociales se enfrentan a medidas de institucionalización y tratamiento forzosos. Entre otras, la institucionalización forzada, en sí misma no conforme a la CDPD, impide que las personas participen en la sociedad y no tengan suficiente control sobre sus vidas y sobre las decisiones que les afectan. Mientras existan barreras legales que permitan tales prácticas no consensuadas, las personas con discapacidades psicológicas y sociales no tendrán acceso a una participación plena e igualitaria en todos los aspectos de la vida.
Un largo camino por recorrer para garantizar un entorno totalmente accesible
El documento concluye recordando que las barreras físicas son uno de los muchos elementos que deben abordarse al explorar lo que significa la accesibilidad para las personas con discapacidades, incluidas las personas con discapacidades psicológicas y sociales. Se deben tener en cuenta las barreras legales, como la eliminación de todo tipo de toma de decisiones sustituidas, así como las barreras de actitud.
Cualquier esfuerzo por promover la accesibilidad debe ir de la mano de la necesidad de concienciar sobre las barreras menos visibles y la necesidad de invertir en la alfabetización en salud mental. En otras palabras, cualquier esfuerzo sobre el artículo 9 de la CDPD de la ONU no puede ser suficiente sin los esfuerzos sobre el artículo 8 para crear conciencia trabajando por el respeto de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
Con respecto a las personas con discapacidades psicológicas y sociales, esto significaría, por ejemplo, crear un entorno en el que las personas no sean discriminadas por sus experiencias de salud mental, puedan crear conciencia activamente sobre la diversidad y la experiencia humanas, y combatir las etiquetas críticas, incluidas las de una perspectiva médica.
Las propias personas con discapacidad psicológica y social son quienes mejor pueden identificar el apoyo que necesitan para superar las barreras de accesibilidad, dando un paso más hacia la construcción de una sociedad plenamente inclusiva. Para construir una sociedad totalmente inclusiva, es clave reconocer la diversidad de experiencias humanas.
Se puede acceder al documento desde la página Web de Mental Health Europe o bien directamente a través del siguiente enlace:
More than a ramp: Rethinking accessibility for people with psychosocial disabilities
