El informe ofrece también una descripción general de los indicadores clave de la salud y los sistemas de salud en los estados miembros de la UE. Tal y como señala la OCDE en su informe, la pandemia de la COVID-19 ha generado enormes costes humanos, sociales y económicos y ha ejercido una enorme presión sobre los servicios de atención a la salud que, ya de por sí, estaban sobrecargados antes de la pandemia, poniendo de manifiesto las fragilidades subyacentes de muchos sistemas de salud para resistir las crisis. Asimismo, esta situación ha evidenciado que el gasto en salud “es una inversión eficaz, no un coste que deba ahorrarse”: es claro que los sistemas de salud más fuertes y resilientes protegen tanto a las poblaciones como a las economías; sin embargo, la organización señala que el gasto sanitario sigue centrándose principalmente en la atención y el tratamiento, en lugar de en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, y se invierte mucho más en los hospitales que en la atención primaria. Ante esto, pone de relieve la trascendencia de fortalecer, de cara al futuro, la resiliencia, la planificación y la estructuración de los sistemas sanitarios. Del análisis de los datos, se desprenden las siguientes conclusiones: La COVID-19 ha causado cerca de 2,5 millones de muertes en exceso en los países de la OCDE y ha tenido un impacto adverso importante en la salud mental La COVID-19 ha contribuido de forma directa e indirecta, al aumento del 16% en el número promedio de muertes registrado desde 2020 hasta la primera mitad de 2021 en los países de la OCDE. La esperanza de vida se ha reducido en 24 de los 30 países con datos comparables, con descensos especialmente importantes en Estados Unidos (-1,6 años) y España (-1,5 años). La pandemia ha afectado de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Más del 90% de las muertes registradas por COVID-19 se han dado en personas de 60 años o más. El informe subraya aquí un “claro gradiente social”, alertando de un mayor riesgo de infección y muerte entre las personas desfavorecidas, aquellas que viven en zonas desfavorecidas y la mayoría de las minorías étnicas y los/as inmigrantes. Las vacunas han reducido el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19. A este respecto, la proporción de personas totalmente vacunadas es mayor del 70% en 9 países, siendo Portugal el país con mayor proporción de población con la pauta vacunal completa (85,2%), seguido de Islandia (80,5%) y España (78,6%). La evidencia apunta a que las vacunas son algo menos eficaces para detener la enfermedad sintomática de la variante delta, pero aun así son altamente efectivas (más del 90%) para evitar los ingresos hospitalarios. Las recesiones económicas y las medidas de austeridad relacionadas, como en la crisis económica mundial de 2008, se han relacionado con el deterioro de la salud mental y el aumento de las tasas de suicidio, pero con un impacto menos claro en la mortalidad general. La “Long COVID” o «COVID persistente», es una afección caracterizada por signos y síntomas que se desarrollan durante o después de una infección compatible con la COVID-19 (entre ellos, fatiga, dificultad para respirar, dolor de pecho, ansiedad, cefaleas, niebla mental, problemas de concentración y memoria, etc.), persisten durante mucho tiempo tras el contagio y no se explican por un diagnóstico alternativo, impidiendo el regreso a la vida normal, con repercusiones sociales y económicas potencialmente duraderas.
A pesar de que ha habido un incremento en la investigación sobre esta enfermedad, la OCDE reconoce que todavía existen lagunas de conocimiento en torno a los mecanismos por los cuales la infección puede provocar estos síntomas prolongados, al por qué determinados grupos de población tienen un mayor riesgo y cuál es la mejor forma de tratarla. En opinión de la Organización, la COVID persistente ha provocado que el camino hacia la recuperación sea “lento y difícil”.
El impacto de la pandemia en la salud mental ha sido enorme, con una prevalencia de ansiedad y depresión de más del doble de los niveles observados antes de la crisis en la mayoría de los países La buena salud mental es clave para que las personas puedan llevar una vida saludable y productiva; sin embargo, a lo largo de la pandemia, han aumentado los factores de riesgo de una mala salud mental (inseguridad financiera, desempleo y miedo) y se han reducido, a su vez, los factores de protección (conexión social, participación laboral y educativa, acceso al ejercicio físico, rutina diaria y acceso a los servicios de salud). En muchos países se registró un incremento en la angustia mental de la población cuando se sintieron los primeros impactos de la crisis entre marzo-abril de 2020, incluyendo aquí el aumento de infecciones, hospitalizaciones, muertes, distanciamiento social y otras medidas como el cierre de escuelas y lugares de trabajo. El informe destaca un incremento en la prevalencia de ansiedad y depresión, siendo a principios de 2020, más del doble del nivel observado en años anteriores en varios países. A este respecto, una encuesta realizada por Commonwealth Fund en agosto de ese mismo año, encontró que, al menos el 10% de las personas adultas revelaron haber experimentado desde el inicio del brote síntomas de estrés, ansiedad o una gran tristeza que era difícil de sobrellevar solos. De acuerdo con la OCDE, el impacto en la salud mental de la población no ha sido consistente, observándose, a su juicio, una correlación entre el aumento de la angustia mental, el rigor de las medidas restrictivas, y el aumento de casos y muertes por COVID-19 en diferentes regiones. A este respecto, señala, países como Canadá, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido, en los que se llevó a cabo un seguimiento del estado de salud mental durante la pandemia, registraron una mejora entre junio y septiembre de 2020, coincidiendo con tasas más bajas de COVID-19 y con menos medidas de contención por parte de sus gobiernos.
La salud mental de algunos grupos de la población se ha visto particularmente afectada por la crisis de COVID-19 Determinados grupos de la población se han visto particularmente afectados por la pandemia. En este sentido, las personas que estaban desempleadas o que tenían dificultades económicas y financieras, informaron detasas más altas de ansiedad y depresión que la población en general durante la crisis de la COVID-19, una tendencia anterior a la crisis pero que parece haberse acelerado en algunos países. Por su parte, los y las jóvenes han presentado más problemas de salud mental durante la pandemia, con un “aumento espectacular” de la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión, especialmente a finales de 2020 y principios de 2021. Según la OECD, la mayor proporción de jóvenes que experimentan ansiedad y depresión difiere con los datos de los últimos años y sugiere que la salud mental en este grupo de edad “se ha visto afectada de manera desproporcionada” en el último año. A pesar del importante impacto social y laboral de los problemas de salud mental en el mercado de trabajo, el apoyo a la salud mental sigue estando “débilmente integrado en las políticas de bienestar social, trabajo y juventud”.
Es necesario fortalecer y mantener los servicios de atención a la salud mental La carga de los problemas de salud mental es considerable y afecta a una de cada dos personas en algún momento de su vida. La mala salud mental genera costes económicos equivalentes a más del 4,2% del producto interno bruto (PIB), que incluyen los costes directos del tratamiento, pero también los costes indirectos, relacionados con las tasas de empleo más bajas y una menor productividad. Con la irrupción de la pandemia, se redujeron las consultas presenciales en atención primaria sustituyéndose en su mayoría por teleconsultas, una medida que se mantiene hasta la fecha y que ha acelerado la transformación digital de la atención médica en los países de la OCDE. Asimismo, se interrumpieron pruebas y tratamientos en servicios especializados (por ejemplo, las pruebas de detección y tratamiento del cáncer, operaciones y cirugías, etc.). De forma específica, a nivel mundial se interrumpió también la prestación de servicios de salud mental. Desde entonces, y de forma directamente proporcional a la creciente necesidad insatisfecha de atención a la salud mental (principalmente para los trastornos de ansiedad y depresión), se ha incrementado la demanda de apoyo para este ámbito de la salud en los países de la OCDE. En palabras de la Organización, “la carga de los problemas de salud mental está lejos de ser temporal, y existe un alto riesgo de que la COVID-19 cause ‘cicatrices mentales’ a muchas personas en los próximos años”. En esta misma línea, alerta de los “efectos devastadores” de los problemas de salud mental en la vida de las personas ante la falta de un tratamiento y/o un apoyo eficaces, y advierte de que “si bien existen complejas razones sociales y culturales que afectan a las conductas suicidas, sufrir un problema de salud mental también eleva el riesgo de muerte por suicidio”. El informe recuerda que una atención oportuna y de alta calidad tiene el potencial de mejorar los resultados y reducir las tasas de suicidio y el exceso de mortalidad para las personas con trastornos mentales. De acuerdo con sus datos, la salud mental y el cáncer son dos áreas en las que los retrasos en la atención médica pueden tener efectos adversos para la salud particularmente graves, por lo que considera primordial prestar más atención al abordaje del retraso en las remisiones y en los exámenes de detección del cáncer, y fortalecer y mantener los servicios de apoyo a la salud mental, con servicios adaptados a las necesidades de los diferentes grupos de población.
Aumenta el consumo de psicofármacos El consumo de productos farmacéuticos ha ido en aumento durante décadas, impulsado, en opinión de la OECD, por la creciente necesidad de medicamentos para tratar enfermedades crónicas y relacionadas con la edad, así como por los cambios en la práctica clínica. Concretamente, el consumo de medicamentos antidepresivos se duplicó con creces en los países de la OCDE entre los años 2000 y 2019. Para la Organización, esto puede reflejar un mejor reconocimiento de la depresión, de la disponibilidad de terapias, de la evolución de las pautas clínicas o de los cambios en las actitudes de los pacientes y proveedores.
De forma específica, España ocupa el séptimo lugar entre los países que más consumen antidepresivos. Tomando como referencia la dosis diaria definida (DDD) -dosis promedio aceptada de mantenimiento por día de un medicamento utilizado por adultos para su indicación principal-, el informe indica que España registra 84 dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes por día, superando el volumen promedio prescrito en todos los países de la OECD (66 DDD por cada 1.000 hab./día).
Los estilos de vida poco saludables y las malas condiciones ambientales continúan empeorando la calidad de vida, acortando vidas y haciendo que las poblaciones sean menos resistentes a las crisis de salud El tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la obesidad son la causa fundamental de muchas enfermedades crónicas y aumentan el riesgo de que las personas mueran a causa del coronavirus. Las personas que beben en exceso oscilan entre el 4% y el 14% de la población en los países de la OCDE, pero consumen alcohol entre el 31% y el 54%. El consumo de alcohol es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo, sobre todo entre las personas en edad laboral, y constituye un factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, la cirrosis hepática y ciertos cánceres, pero incluso un consumo bajo y moderado de alcohol aumenta el riesgo a largo plazo de estas enfermedades. El alcohol también contribuye a más accidentes automovilísticos y a lesiones, violencia, homicidios, suicidios y trastornos de salud mental que cualquier otra sustancia psicoactiva, especialmente entre los y las jóvenes.
Con la pandemia y las medidas restrictivas para contener la propagación del virus, especialmente el confinamiento, se intensificaron algunos de los problemas asociados con el consumo nocivo de alcohol, como, por ejemplo, el consumo de bebidas nocivas para afrontar el estrés o la violencia doméstica. Tal y como afirma la OCDE, las enfermedades y las lesiones relacionadas con el alcohol tienen un alto coste para la sociedad: una media del 2,4% del gasto sanitario se dedica a hacer frente al daño causado por el consumo de alcohol, y hay países en los que esta cifra es mucho mayor.
Con respecto al tabaquismo, aunque las tasas de consumo diario han disminuido en la mayoría de los países de la OCDE durante la última década, aún hay un 17% que fuma cada día. Las tasas alcanzaron el 25% o más en Turquía, Grecia, Hungría, Chile y Francia.
La atención a la salud infanto-juvenil es fundamental Los confinamientos y el cierre de centros educativos por la pandemia, han afectado la vida de niños/as y adolescentes, influyendo en sus hábitos alimenticios y sus actividades físicas. El aumento de los factores de riesgo de enfermedades crónicas entre los niños, las niñas y los/as adolescentes, incluida la baja actividad física, la mala nutrición y el tabaquismo, puede afectar negativamente los comportamientos y resultados de salud en la edad adulta. Los datos indican que alrededor del 16% de los y las adolescentes de 15 años fuman al menos una vez al mes y más del 30% habrían bebido al menos dos veces en su vida. Poco más del 18% presenta sobrepeso u obesidad, y sólo el 14% cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre actividad física (la OMS recomienda 60 minutos de actividad física diaria de moderada a vigorosa para los/as jóvenes), a pesar de los múltiples beneficios de la actividad física durante la adolescencia (mejora la aptitud cardiorrespiratoria y muscular, la salud ósea y cardiometabólica, y tiene efectos positivos sobre el peso y sobre el desarrollo cognitivo y la socialización). Las tasas de sobrepeso infantil, incluidas la obesidad y la pre-obesidad, han aumentado en todo el mundo durante las últimas décadas. Algunos factores que pueden influir en el sobrepeso en la infancia son las preferencias de estilo de vida, la composición genética, factores ambientales y la cultura. Los niños obesos tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión y trastornos metabólicos. A nivel psicológico, la obesidad puede conducir a una baja autoestima, trastornos alimentarios y depresión. Además, puede actuar como una barrera para participar en actividades educativas y recreativas. La OECD considera particularmente preocupante la obesidad infantil, ya que es un fuerte predictor de la obesidad en la edad adulta, que está relacionada con la diabetes, las enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Como bien señala el informe, los niveles insuficientes de actividad física son factores de riesgo de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. La actividad física regular mejora la salud mental y musculoesquelética y reduce el riesgo de diversas enfermedades no transmisibles y depresión. Aunque los países de todo el mundo acordaron un objetivo global para reducir la actividad física insuficiente en un 10% para 2025, el progreso hacia este objetivo ha sido lento. Dados los puntos anteriores, el informe subraya la trascendencia de proteger a los niños, las niñas y los/as adolescentes de la publicidad del tabaco y el alcohol y del patrocinio deportivo (a través de plataformas de medios tradicionales y nuevos) como un pilar clave en las políticas de salud pública. A este respecto, solo cuatro países de la OCDE (España, Francia, Noruega y Turquía) han implementado prohibiciones legalmente vinculantes sobre el patrocinio de deportes en todas las bebidas alcohólicas. Por otro lado, los problemas de salud mental representan la mayor carga de enfermedad para los y las jóvenes, con una prevalencia al menos tan alta entre los niños como entre los adultos, y la mitad de todos los problemas de salud mental que se desarrollan a la edad de 14 años. Intervenir de forma temprana es fundamental para mitigar el desarrollo de la mala salud y su impacto en el desarrollo y en la salud a largo plazo de los y las jóvenes. Las cifras muestran que, en 27 países de la OCDE, un promedio del 28% de los niños y las niñas de 11 años y el 41% de los/as de 15 años han reportado múltiples problemas de salud, incluidos síntomas de mala salud física y mental, más de una vez a la semana. En España menos de uno de cada cinco niños de 11 años ha informado de múltiples problemas de salud más de una vez a la semana y, al menos tres de cada diez adolescentes de 15 años, ha manifestado tener múltiples problemas de salud más de una vez a la semana.
Los trabajadores sanitarios y de centros residenciales de larga estancia se han visto muy afectados por la pandemia, y los efectos más amplios en su bienestar pueden tener impactos duraderos Los trabajadores sanitarios y de los centros residenciales de larga estancia estado en primera línea desde que se inició la pandemia del coronavirus y mucho más expuestos a este virus que otras profesiones: se ha descubierto que aquellos/as que trabajan en instalaciones para pacientes hospitalizados y hogares de ancianos corren un mayor riesgo de contagio. El impacto de la pandemia ha sido particularmente duro para el personal sanitario (personal médico, de enfermería, trabajadores/as de cuidados a largo plazo y otros/as trabajadores/as de la salud). La presión sostenida debido a las altas cargas de trabajo ha afectado a su bienestar, informando de altas tasas de problemas de salud mental, agotamiento, ansiedad, depresión y estrés desde el inicio de la pandemia. Según una encuesta realizada en abril de 2020 a profesionales de la salud en España, cerca de las tres quintas partes de los encuestados y las encuestadas informaron de síntomas de ansiedad (59%) y/o trastorno de estrés postraumático (57%), y cerca de la mitad (46%) presentaba síntomas de depresión.
Envejecimiento y atención a largo plazo A medida que las poblaciones de la OCDE envejecen rápidamente, aumenta la demanda en el sector de los centros residenciales de larga estancia para brindar atención a más personas mayores, con afecciones complejas y con mayores necesidades de atención especializada. No obstante, la pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades preexistentes en este sector, principalmente los riesgos de seguridad que se han evidenciado por la rápida propagación del virus entre los residentes y los trabajadores sanitarios en estos entornos. La edad avanzada de muchos y muchas residentes, la falta de equipos de protección personal y el control deficiente de las infecciones se tradujeron en importantes brotes en muchas instalaciones de atención residencial que se propagaron rápidamente. Según el informe, el envejecimiento y la multimorbilidad a menudo requieren que los pacientes mayores tomen múltiples medicamentos (polifarmacia) durante largos períodos de su vida. Aunque en algunos casos esto se justifica para el tratamiento de múltiples afecciones, la polifarmacia inapropiada aumenta el riesgo de efectos secundarios adversos de los medicamentos, errores de medicación y daños, lo que resulta en caídas, episodios de confusión y delirio. Los efectos adversos por medicamentos causan 8,6 millones de hospitalizaciones no planificadas en Europa cada año. Concretamente, en relación con el consumo de benzodiazepinas en personas mayores, la mayoría de las pautas recomiendan evitar su uso por completo, debido al riesgo de mareos, confusión y caídas. Su uso prolongado puede provocar efectos adversos (sobredosis), tolerancia, dependencia y aumento de la dosis. Además, se desaconseja el consumo de benzodiazepinas de acción prolongada en mayores porque el cuerpo tarda más en eliminarlas. A pesar de estos riesgos, la OCDE alerta de que se siguen recetando benzodiazepinas a los adultos mayores para el tratamiento de la ansiedad y los trastornos del sueño. Uno de los mayores desafíos asociados con el envejecimiento de la población es la demencia. Se estima que más de 21 millones de personas en los países de la OCDE tendrán demencia en 2021 y, si continúan las tendencias actuales, este número se duplicará para 2050, llegando a casi 42 millones de personas. La edad sigue siendo el mayor factor de riesgo de demencia: en los 38 países de la OCDE, la prevalencia media de la demencia aumenta del 2,2% entre las personas de 65 a 69 años a casi el 42% entre las personas de 90 años o más. El informe subraya el papel que pueden desempeñar los sistemas de atención social y de salud en la mejora de la atención y la calidad de vida de las personas que padecen demencia y sus familias. En los últimos años, al menos 25 países de la OCDE han desarrollado o anunciado planes o estrategias nacionales para la demencia, y se está prestando cada vez más atención a reducir el estigma en torno a la demencia y a adaptar las comunidades y los centros de atención residencial para satisfacer las necesidades de las personas con demencia. Con respecto al tratamiento, el informe recuerda que, pese a que los fármacos antipsicóticos pueden reducir los síntomas conductuales y psicológicos que afectan a muchas personas con demencia, la disponibilidad de intervenciones no farmacológicas eficaces, así como los riesgos para la salud y los problemas éticos asociados con los medicamentos antipsicóticos, significa que solo se recomiendan como último recurso. Sin embargo, el uso inadecuado de estos medicamentos sigue estando muy extendido y la reducción de su uso excesivo es una prioridad política para muchos países de la OCDE. Las personas que viven con demencia se han visto gravemente afectadas por la situación de pandemia. Las medidas implementadas para contener el virus, en particular las prohibiciones o limitaciones estrictas para los visitantes de los centros residenciales, aumentaron drásticamente el aislamiento social. El impacto a largo plazo de las medidas de contención implementadas para controlar la pandemia pueden tener consecuencias negativas en el deterioro cognitivo y el bienestar de muchas personas que viven con demencia.
Fuente: OECD (2021). Health at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en. |
