Por desgracia estoy segura de que muchos de los que me estáis leyendo habéis tenido que sobrellevar la muerte de alguien muy querido. A veces los fallecimientos son repentinos, pero lo habitual es tener que acompañar a la persona amada en la lenta y amarga travesía del desfiladero. En ocasiones, ese tránsito final es un martirio. Lo he vivido de cerca. Cuando busqué, desesperada, los cuidados paliativos que te ofrecía el sistema, resultó que tardaban bastante tiempo en llegar, que después de todo no eran tan paliativos y que no funcionaban ni en los fines de semana ni en las fiestas, como si los agonizantes no tuvieran el derecho de agonizar en esos días. En mi total congoja, cuando cada hora que pasaba era un sufrimiento, acerté a llamar a
la asociación DMD, Derecho a Morir Dignamente. Vino un médico, nos habló, nos tranquilizó, nos ayudó. Desde que llegó a casa, como un ángel de luz, mi querido enfermo pudo descansar. Y empezó ese tiempo raro y dulce de los últimos momentos, cuando el amado ya no sufre y la Muerte anda merodeando por la casa con pies de algodón. Gracias a la sedación paliativa, falleció dos días después serenamente. No nos cobraron ni un solo euro. Nunca podré agradecérselo lo suficiente. Desde entonces pertenezco a DMD, porque quiero que todas las personas, incluida yo misma, podamos tener acceso a ese sosiego final.
Pues bien, ese médico, ese ángel, Fernando Marín, ha sido recientemente perseguido por la Fiscalía de Avilés, junto a Mercedes Caminero, una pobre voluntaria de la asociación a la que incomprensiblemente también acusaron, y a Fernando Acquaroni, que buscaba ayuda para un hermano agonizante, de la misma manera que yo la busqué para mi enfermo. Como Fernando Marín no estaba en Madrid, le pidió a la voluntaria que mandara por correo a Acquaroni la medicación del protocolo de la sedación paliativa, y el envío fue interceptado en Correos. Por todo esto les abrieron a los tres un proceso; para colmo añadieron el suicidio de una mujer a la que los imputados nunca conocieron (quien le facilitó la sustancia letal fue otra persona, también fallecida, que traicionó a la DMD). A Fernando, Mercedes y Acquaroni se los acusó de dos delitos de cooperación al suicidio y un delito contra la salud pública y les pidieron seis años y cinco meses de prisión. Aunque se saben inocentes, como la ley es tan ambigua y los prejuicios sociales tan complejos, decidieron no correr riesgos inútiles y aceptar dos años de condena, sin ingreso en prisión. El hermano de Acquaroni estaba tan terminal que el pobre murió (sufriendo y sin ayuda) tan sólo 24 horas después del momento en que hubiera recibido los fármacos. Me espeluzna pensar que yo misma podría haber ocupado el lugar de Acquaroni, y todo porque existe una confusión monumental entre el suicidio, la eutanasia y la sedación paliativa. Esta última es totalmente legal, pero, como se ha visto en el caso de Avilés, pueden retorcer las circunstancias hasta meterte en la cárcel.
Pero, como dice Marín, lo más triste de todo es que esta condena suya va a hacer que la situación retroceda aún más y que muchos médicos, aun sabiendo que la sedación paliativa es legal, no se atrevan a administrarla. Puede que nuestros seres queridos, nuestros padres, hermanos, cónyuges, amigos, tal vez hijos, mueran rabiando y en el abandono terapéutico. Puede que nosotros mismos tengamos que enfrentarnos a un calvario. ¿Y en razón de qué? ¿Cuáles son los fanáticos dogmas religiosos que nos ordenan acatar este tormento? ¿Por qué mi vida civil la regula un Dios? Además, si ese Dios es amor, como decía san Agustín (“En el atardecer de la vida te examinarán de amor”), estoy segura de que no podría querer esto.
Nuestro país precisa urgentemente un pacto social sobre la eutanasia, la ayuda al suicidio y la sedación paliativa. Un acuerdo que vaya más allá de la mugre sectaria partidista, porque estamos hablando de algo demasiado esencial como para que permitamos que lo manipulen los políticos. Necesitamos una ley que regule la eutanasia y que impida todo tipo de excesos, por supuesto. Y entre los excesos incluyo esta kafkiana persecución de la Fiscalía de Avilés y esta condena.
POR
Rosa Montero Nació en Madrid en 1951. Estudió periodismo y psicología. Escribe en El País casi desde su fundación. En 1997 ganó el premio Primavera de Novela por ‘La hija del Caníbal’ y en 2005 recibió el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a su vida profesional.
